Lejos de lograr la limpieza de la ciudad “como nunca antes se ha visto”, la gestión del alcalde provincial de Chiclayo, Marco Gasco Arrobas, enfrenta nuevas observaciones de la Contraloría por el alquiler de las 8 compactadoras.
El proceso de contratación directa que firmó la municipalidad a favor de la empresa Vaolia Servicios Perú SAC no cumplió con la totalidad de requisitos, según revela el informe N° 001-2019 al que accedió Correo.
RIESGOS
Los primeros cuestionamientos al alquiler de maquinaria surgieron tras la sesión de concejo del 28 de febrero.
En aquel momento, los regidores de oposición denunciaron inconsistencias en el informe con el que la actual gestión recomendaba “el desabastecimiento inminente del servicio de recolección y transporte de residuos sólidos”.
Una vez aprobada la medida, el Órgano de Control Institucional (OCI) del municipio emitió el oficio N° 289-2019 que advertía la posibilidad de contratar “al margen de la normativa vigente”.
Entre otras irregularidades, la Contraloría detectó que existía más de un informe que no consideraba los elementos necesarios para la declaratoria de desabatecimiento.
Por ejemplo, no se identificó cual era el hecho o situación extraordinaria e imprevisible que determinó “la ausencia inminente” de maquinaria para recoger las 233 toneladas de basura que se generan cada día, solo en el distrito.
En respuesta, la municipalidad emitió el acuerdo municipal N° 027-2019 (como resultado de una segunda sesión de concejo realizada el 15 de marzo) que aprobó la contratación “de 10 máquinas compactadoras”.
La contratación directa N° 01-2019-MPCH finalmente se hizo efectiva con la entrega de la buena pro, el pasado 5 de abril, a la empresa Vaolia por la suma de S/1’896,750.
A unos días de haberse presentada oficialmente la maquinaria, el reporte de avance ante situaciones adversas N° 001-2019 revela nuevos vicios que, para OCI, “ameritan acciones inmediatas” en la municipalidad.
La primera observación se refiere a la fase de planificación y las actuaciones preparatorias. Es decir, los pasos previos a la firma del contrato.
En ese sentido, la Contraloría señala que el Plan Anual de Contrataciones del año 2019 se modificó (a fin de poder realizar el alquiler) con una resolución de gerencia “sin fecha”.
Además, se consideró que el importe de pago superó el valor de S/1’775,000 que se aprobó inicialmente en el expediente de contratación.
Otro hecho que llamó la atención de Contraloría es la invitación realizada por la subgerencia de Logística y Servicios Internos del municipio a la empresa ECORIN SAC para participar como uno de los postores.
Mediante una carta con fecha 3 de abril, esta oficina le otorgó como plazo máximo para presentar su oferta las 12:00 p.m. del 4 de abril.
Este mismo día, la referida subgerencia emite un informe asegurando que existía “un error material” en el valor estimado de la contratación pues el estudio de mercado consignó S/1’755,000, es decir, 20 mil soles menos.
MÁS DATOS
En cuestión de horas, y con una resolución de alcaldía, se resolvió hacer la rectificación. Además, la subgerencia de Logística informa aquel 4 de abril a la gerencia de Administración y Finanzas del municipio “que no recibió oferta alguna de ECORIN SAC”, por lo que procedería a invitar a Veolia Servicios Perú SAC.
Entonces, se envía un correo electrónico ese día a las 14:05 p.m. a la empresa que sería finalmente ganadora.
Aunque tenía hasta las 10:00 p.m. para responder, el representante de Veolia, Ralph Montoya Vega, comunica su intención de participar en el proceso de selección casi una hora antes, a las 6:54 p.m. del 4 de abril.
Todos estos hechos afectan “la legalidad del procedimiento de selección por las contravenciones a la normativa” y genera, ante los incumplimientos, dilaciones innecesarias.
El segundo punto del informe de Contraloría señala que la calificación de la oferta y el otorgamiento de la buena pro también fueron irregulares.
La única oferta presentada por Veolia Servicios Perú no acreditó los requisitos de calificación de la capacidad técnica y profesional.
Las bases publicadas en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado señalan que “se “requerirá 8 camiones compactadoras y un sistema hidráulico de compactación de 15 yd3 o su equivalente”.
Sin embargo, una revisión a la oferta de Veolia reveló que no acreditó que sus carrocerías cuenten con el referido sistema hidráulico.
Además, la empresa tampoco cumplió con acreditar que tenía un local en Chiclayo pues solo presentó una declaración jurada donde se comprometía a contar con la infraestructura necesaria.
Del mismo modo (bajo una declaración jurada) aseguró que contaría con los dos supervisores y/o coordinadores con 3 años de experiencia en actividades de gestión de residuos sólidos y con los choferes con dos años de experiencia que solicitó la municipalidad.
Estos incumplimientos no fueron advertidos por el subgerente de Logística, Edgardo Augusto Siadén Ortega, quien se atrevió a dar la calificación de “SÍ CUMPLE” en todos los casos.
Fuente Diario Correo
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